Aplicar para la Ciudadanía Estadounidense – El Proceso de Naturalización


En la Ley Migratoria de Estados Unidos, la naturalización se refiere al proceso de convertirse en ciudadano estadounidense cuando no se ha nacido como tal. Los residentes permanentes pueden solicitar la ciudadanía tras haber sido residentes permanentes durante cinco años, o tras haber sido residentes permanentes durante tres años si han estado casados con el mismo cónyuge ciudadano estadounidense durante al menos tres años. Los requisitos para las personas que sirven en el ejército son muy diferentes. Para más información, consulte nuestra página web sobre la Naturalización a Través del Servicio Militar.

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La Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (United States Citizenship and Immigration Services – USCIS) está obligada a tomar una decisión sobre la solicitud de ciudadanía de una persona en un plazo razonable. Si una persona ha tenido una entrevista de ciudadanía, la ley exige que el USCIS tome una decisión en un plazo de 120 días a partir de la fecha de la entrevista. Si el USCIS deniega una solicitud de ciudadanía, el solicitante de la misma tiene derecho a apelar la decisión. Para saber qué puede hacer si el USCIS retrasa o deniega su solicitud de ciudadanía, consulte nuestra página sobre Retrasos y Denegaciones de Solicitudes de Ciudadanía.

La condición de residente legal permanente en Estados Unidos no es permanente. Según la ley de inmigración estadounidense actual, ser condenado por determinados delitos puede hacer que un residente permanente pueda ser expulsado de Estados Unidos. En ciertas situaciones, esto puede ser cierto incluso cuando el delito es un delito menor de la ley estatal, o incluso si el delito ocurrió hace muchos años. Entre las ventajas de la ciudadanía estadounidense están el no ser expulsado de Estados Unidos por condenas penales, el derecho al voto, la posibilidad de viajar o vivir libremente fuera de Estados Unidos durante largos periodos de tiempo y regresar, el derecho a ocupar puestos de trabajo especiales en el gobierno y la posibilidad de acceder a beneficios públicos no disponibles para los no ciudadanos.

Como escribió el presidente de la Corte Suprema, Earl Warren, en su disenso en el caso Pérez contra Brownell (1948):

La ciudadanía es el derecho básico del hombre, pues es nada menos que el derecho a tener derechos. Si se le quita esta valiosa posesión, queda un apátrida, deshonrado y degradado a los ojos de sus compatriotas. No tiene derecho a la protección de ninguna nación, y ninguna nación puede hacer valer derechos en su nombre. Su propia existencia está a merced del Estado dentro de cuyas fronteras se encuentra. En este país, el expatriado presumiblemente sólo disfrutará, como mucho, de los limitados derechos y privilegios de los extranjeros y, al igual que el extranjero, podría incluso ser objeto de deportación y, por tanto, verse privado del derecho a hacer valer cualquier derecho.

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